La ley de la guerra, en el mundo antiguo, otorga al vencedor
el derecho a disponer a su antojo del vencido. Puede
destruirlo o apropiarse de sus bienes. También puede,
guiado por la clemencia o el interés político, reconocer su
existencia jurídica total o parcial, como si estos pueblos
sometidos hubieran decidido negociar antes de su
sometimiento. Puede convertirlos en aliados -socii- en virtud
de un tratado común, pero ciertamente establecido en los
términos que la potencia vencedora estipulaba y colocando
en una posición de inferioridad al pueblo derrotado. Puede
permitir que las instituciones de un pueblo pervivan y que el
Estado intervenga, parcialmente, en algunos aspectos de la
vida social. Puede, incluso, concederles la ciudadanía
romana o imponerles, a titulo de compensación por su
protección, contribuciones de guerra permanentes y levas
de tropas destinadas a crear cuerpos auxiliares. Ciertamente
las directrices políticas de Roma, a lo largo de muchos años
de guerras ininterrumpidas, crearon un sistema
administrativo que contempla la aplicación de fórmulas
diversificadas.
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